La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial que despacha Marcelita Gutiérrez notificó a DEMUS que da por concluido el plazo de la investigación preliminar seguida contra Alberto Fujimori, sus exministros y otros implicados en el caso esterilizaciones forzadas por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. 

A través de una resolución, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial informa que en los próximos días emitirá “un pronunciamiento sobre esta Mega investigación de una causa compleja, emblemática de alta trascendencia nacional e internacional”, cuyo voluminoso expediente supera las 71 000 fojas.

Milton Campos, abogado de DEMUS, precisó que “es una esperanza de justicia para las víctimas que la fiscal haya decidido que el plazo de investigación no se prolongará más. Ahora esperaremos entre 7 y 10 días para conocer lo resulto, que creemos debe considerar nuestro pedido de denunciar a los responsables por delito de lesa humanidad que alcance a Alberto Fujimori, sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, además de otros operadores”.

Asimismo, señaló que la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez debe incluir a víctimas que no fueron registradas en la investigación como Victoria Vigo y Celia Ramos, -patrocinadas por DEMUS- y el pedido para que se recoja el número real de víctimas considerando las que se encuentran en la carpeta fiscal que le fue entregada en el 2015 cuando asumió la investigación.

María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, recordó que esta investigación se abrió con el caso Mamérita Mestanza, -integrando a más de 2000 denunciantes hasta ese momento-, contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud. “En el 2003, el Estado peruano suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comprometiéndose a investigar y sancionar a los autores directos y mediatos. La fiscal ha cumplido con finalizar la investigación y ahora esperamos que valore adecuadamente todos los elementos y material probatorio para que este crimen de lesa humanidad no quede impune”.

“Los ojos del mundo están siguiendo la decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez porque es necesario que se judicialice este caso que lleva 14 años sin resolverse. Es doloroso para las víctimas que están esperando tener alguna certeza del avance del caso, que aún no haya una resolución, porque estamos ante graves violaciones de derechos humanos que son delito de lesa humanidad. Una justicia que tarda tanto no es justicia y las víctimas reclaman además de sanciones a los responsables, una política de reparaciones integrales”, sostuvo Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

La campaña Somos 2074 y muchas más, integrada por organizaciones feministas y de derechos humanos, movimientos de mujeres indígenas, campesinas, afro, lesbianas, gays, trans, bisexuales (LGTB), de sindicatos, estudiantes universitarios, a los que se han sumado líderes sociales y fuerzas políticas, exhortan a las autoridades nacionales y la ciudadanía a permanecer vigilantes y exigir que no se dilate más la resolución fiscal y se inicie una etapa judicial que conlleve a la sanción de los responsables de esta política de Estado de la que fueron víctimas miles de peruanas y peruanos.

Área de prensa Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer