Actualmente, en diversos puntos del país, se viene discutiendo la propuesta de la ley de "Unión Civil No Matrimonial para personas del mismo sexo" (ese es su nombre) que fuera presentada hace cinco meses por Carlos Bruce, un congresista de la derecha política. Reclamar un mínimo de protección para las familias conformadas por parejas homosexuales está bien; sin embargo, esa demanda resulta de lo más insuficiente. 

El proyecto de Unión Civil No Matrimonial apela a que nosotros, los sucios homosexuales, como necesitamos proteger a nuestras parejas, vamos a aceptar una figura que nos da derechos mínimos, pero de ninguna forma debemos tocar su sagrada institución matrimonial, ni mucho menos reclamar derechos para proteger a los hijos que tenemos o que en el futuro pensamos tener. El proyecto de Unión Civil No Matrimonial es una propuesta hecha a la medida de la clase conservadora porque parte de la premisa de que gais y lesbianas somos ciudadanos de segunda clase que pedimos se nos reconozca con una ley de segunda clase. Aun así, incluso con todas estas concesiones a lo más reaccionario de nuestra sociedad, esta ley no será aprobada, porque esta clase conservadora prefiere seguir manteniendo nuestros derechos reducidos a nada, no vaya a ser que luego se nos dé por pedir el matrimonio igualitario, que a los y las trans se les reconozca su identidad de género, u otro tipo de leyes que nos reconozcan como ciudadanos plenos.

El error de colocarnos detrás de una demanda como la Unión Civil es que aceptamos el discurso que nos coloca en la subalternidad; el error es pensar que nuestras demandas deben levantarse en función a lo que los conservadores podrían aceptar (lo posible, lo "estratégico", el poco a poco, el paso a paso). Nuestras demandas deben levantarse porque son urgentes, necesarias y mínimas para garantizar vidas dignas. El matrimonio igualitario, en ese sentido, es una condición mínima para obtener igualdad jurídica en cuanto a derechos civiles de nuestras poblaciones.

Ahora bien, además del argumento de "lo que es estratégico pedir", otra de las razones de una parte del movimiento LGTB por las cuales hay objeciones a no pelear por el matrimonio igualitario es que el matrimonio es una institución profundamente patriarcal, religiosa y que ha servido históricamente para controlar la vida de las mujeres. Ciertamente, el matrimonio, como la heterosexualidad, sigue siendo una institución en la que un hombre y una mujer se unen para que esta se dedique a ser la esclava laboral y sexual de su esposo, quien se compromete a garantizar su reproducción material y mantener un mínimo de su status. Además, sabemos que el matrimonio es una institución que ha sido apropiada por la Iglesia para convertirla en un rito sagrado que coloniza a los contrayentes y sus sentimientos hacia una religión castrante y retrógada. Pero, revisemos, ¿no es el Estado una institución históricamente patriarcal y confesional? ¿No es nuestra democracia un sistema totalmente cuestionable en el que deciden los poderes económicos y religiosos y casi nunca la ciudadanía? Y, aun así, las mujeres hemos tenido que luchar heroicamente para ingresar al sistema en calidad de ciudadanas mediante el voto y otros mecanismos de igualdad jurídica. Prefiero mil veces ser una ciudadana con voz y voto para transformar el Estado (y si es necesario abolirlo), que, como hace 70 años, estar al margen de la ciudadanía y confiar en que a los hombres, los verdaderos ciudadanos, en algún momento se les ocurra transformar esa situación de injusticia. De la misma forma, prefiero mil veces tener el derecho para elegir casarme o no casarme como cualquier otro y, siendo una ciudadana con mis derechos reconocidos, transformar la institución matrimonial, y si es necesario abolirla para proponer figuras más inclusivas de organización familiar.

Además, en un país en el que el matrimonio sigue siendo considerado una institución sagrada con una influencia inmensa en la vida de millones de peruanos, ¿qué puede ser más subversivo que desheterosexualizarlo y apropiárnoslo las machonas y las maricas? Si la demanda por el matrimonio igualitario fuera realmente funcional al sistema, ¿por qué el poder se opone a él tan enérgicamente? Desheterosexualizar el matrimonio es el primer paso para su destrucción en tanto institución patriarcal. Lograr la igualdad jurídica es el primer paso para ser reconocidas como ciudadanas plenas y hacer uso efectivo de nuestros derechos. Si dejamos que las leyes nos mantengan en un segundo plano, ¿cómo pretendemos que las políticas públicas nos consideren prioridad? El no tener un marco de protección de nuestros derechos tiene mucho que ver con que estos derechos ni siquiera nos son reconocidos constitucionalmente. Empezar a disputar eso es urgente.

Tengo, asimismo, la impresión de que cada vez que una pareja gay o lésbica se casa, contamina y revoluciona el concepto que la sociedad tiene no solo del matrimonio, sino también de la familia. El matrimonio homosexual desestructura y explosiona esas bases construidas sobre una moral hegemónica excluyente y aplastante de vidas diversas; esto explica el iracundo rechazo de los representantes de la Iglesia, de la clase política dominante, y de un importante porcentaje de la sociedad a esta posibilidad. Existe una necesidad imperiosa de esta gente por mantener las cosas en la situación de injusticia y violencia que significa la discriminación cotidiana que en nuestro país sufrimos las comunidades LGTB.

El matrimonio igualitario constituye una reforma realmente profunda, consecuentemente, lograrla nos tomará unos buenos años, considerando que para lograrlo se requiere de un cambio constitucional y, por lo tanto, de una refundación del país, algo que todos los movimientos de emancipación social venimos reclamando hace muchos años. Sin embargo, hay que dar el debate, hay que dejar en claro que aquí en Perú el movimiento LGTB no se conforma con migajas y va a luchar hasta el final por la igualdad jurídica y la igualdad social.